La regulación de los Denunciantes en un Canal de Denuncias

Agenda Pública :: 12-09-2015

por Adrian Todolí

 

Un nuevo informe de la OCDE nos coloca a la cola de los países desarrollados (el informe "El Gobierno de un vistazo"). Según dice, somos de los pocos países desarrollados que no cuentan con una regulación legal para proteger a los chivatos –ni en el sector público ni en el privado-. La fuerte carga negativa que tiene la figura de los chivatos en el imaginario colectivo español puede hacer que nos plantemos que ello puede ser algo bueno. ¿Por qué una ley debería proteger a esos "traidores" chivatos? 

Sin embargo, si el 88% de los países desarrollados (incluyendo a Grecia que la adoptó hace poco) cuentan con algún tipo de legislación que protege a los trabajadores que denuncian irregularidades o ilegalidades en el seno de su organización, por alguna razón será.
Países con niveles mucho más saludables de corrupción que España –como Reino Unido, EEUU, Australia, Nueva Zelanda o Francia- saben, desde hace tiempo, lo útil que puede ser proteger a los trabajadores que denuncian la corrupción en sus empresas o en su Gobierno. En general, estos países cuentan con una protección de origen legal para que las personas que tengan conocimiento de una circunstancia que sea ilegal, peligrosa, manifiestamente errónea o amenace cuestiones de interés público, puedan denunciarlo sin sufrir represalias. 

La regulación parte de la premisa de que existe un interés general en que este tipo de situaciones se denuncien y sean de conocimiento público, siendo a la vez los trabajadores los que están en mejor posición para conocer las irregularidades o ilegalidades que se cometen en la empresa. Sin embargo, lo que no se puede pedir es que un asalariado cumpla el deber cívico de denunciar estas situaciones y luego el Estado le abandone a su suerte en su empresa. Es necesario que el "informante" pueda realizar tales comunicaciones mediante un medio seguro y bajo el amparo de una protección legal contra represalias.

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Si su jefe nos está robando, escríbanos

Cinco Dias :: 08-02-2015

Facilitar a los empleados medios para denunciar malas conductas es el arma más eficaz para prevenir delitos dentro de la organización


A inicios de año, el Tribunal Supremo declaró a una cadena de supermercados responsable civil subsidiaria del acoso sexual que dos empleadas sufrieron por parte de su jefe en una tienda de Valencia entre los años 2004 y 2008.
Los jueces basaron su decisión en que la empresa no estableció mecanismos de control que sirvieran de contrapeso al poder excesivo que el acusado ejercía en el establecimiento.
El caso, que ha costado al grupo el pago de una indemnización de 75.000 euros a cada una de las agraviadas, ha recordado la importancia que tiene para las compañías la prevención y detección de conductas deshonestas al interior de sus organizaciones.
Y esto no solo comprende los chantajes o maltratos físicos y psicológicos, sino también la administración desleal y el desvío de fondos.
Según la consultora GAT Intelligence, en 2013 las empresas españolas que sufrieron algún tipo de delito económico perdieron una media de 730.000 euros.

En el caso de una pequeña empresa, la pérdida media puede ascender a 135.000 euros, "un coste que muchas simplemente no pueden absorber", indica Gertrudis Alarcón, responsable en Europa de GAT Intelligence y presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en España.

Para evitar este tipo de situaciones, las grandes corporaciones han puesto a disposición de sus empleados canales de denuncia. Seat, por ejemplo, cuenta con un teléfono gratuito y un e-mail ([email protected]) en el que trabajadores y proveedores pueden denunciar indicios de corrupción u otras posibles irregularidades. Ambos canales son gestionados por el departamento de auditoría interna del grupo.
Vodafone, por su parte, dispone de un canal de denuncia al que llama Speak Up. "Es una forma de dar voz y reportar cualquier mala práctica a través de un proceso claro y sencillo", explica José García Medina, director de seguridad corporativa de la filial del grupo en España. "Nos brinda la oportunidad de actuar asegurando que no toleramos los comportamientos poco éticos o cualquier acto que no esté en línea con nuestro código de conducta", añade.
 

En otros casos, las compañías optan por contratar los servicios de consultoras que les proveen de una aplicación informática para la recepción online de las denuncias. Según Alarcón, quien también es directora general de i2 Ethics, empresa que presta este servicio, la ventaja de esta modalidad es que inspira al informante una mayor seguridad, ya que su correo no estará circulando dentro de la organización, sino que quedará en manos de un tercero independiente que se encargará de transmitir el asunto únicamente a la persona a la que corresponda resolverlo (siempre que esta no sea el denunciado, por supuesto).

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Nace un nuevo modelo de gestión para prevenir delitos en las organizaciones

 

El Confidencial: 04/04/2014

Disminuir el riesgo penal de las empresas es el objetivo principal de la Especificación ‘Sistema de gestión de riesgos para la prevención de delitos en las organizaciones’, un modelo de gestión pionero en España que busca minimizar la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen. Uno de los medios a implementar consiste en un canal de denuncias que garantice la confidencialidad

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Empleados espía para jefes corruptos

Diario Expansion :: 01-02-2013

Tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las empresas en el caso de empleados que cometen un fraude, las compañías intentan que sean los trabajadores quienes denuncien a sus compañeros y superiores.

expansion

 

 Cuatro de cada diez directivos españoles consideran que hacer un regalo o sacar la chequera para conseguir un contrato para su empresa está justificado, a pesar de que se considere un delito. Aunque la realidad política y empresarial pone de manifiesto el problema de corrupción que atraviesa el país, las estadísticas tampoco ayudan a mejorar la opinión de los inversores internacionales sobre España.

El 34% de los directivos nacionales reconoce que la corrupción está presente en sus empresas, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 22%, según la última encuesta sobre fraude realizada por Ernst & Young. Sin embargo, tras la última reforma del Código Penal, que ya está en vigor, las empresas españolas han acelerado su lucha contra la corrupción interna, ya que ahora un juez puede condenar a una compañía por las prácticas ilícitas de sus empleados, hasta el punto de que puede suponer la disolución de la empresa.

Mientras que las grandes corporaciones europeas se decantan más por auditorías externas para vigilar a su plantilla, las firmas españolas prefieren que sean sus propios empleados quienes hagan de espías para la organización. Casi ocho de cada diez empresas nacionales cuenta con un canal de denuncias, ya sea en su versión más sofisticada, con una línea de teléfono especial, o bien un buzón en el que se depositan las sospechas sobre un compañero.

El problema radica en que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, la legislación española prohíbe las denuncias anónimas, según explica Enrique Bacigalupo, of counsel de DLA Piper en España y ex magistrado del Tribunal Supremo. Según el experto, para garantizar la eficacia de estos canales, es necesario "identificar al denunciante, pero garantizándole la confidencialidad y, sobre todo, la exclusión de represalias". Este punto es fundamental para que aflore la corrupción en cargos directivos, ya que, por su posición jerárquica en la compañía, son los que tienen más probabilidades de cometer el fraude o, incluso, autorizarlos.

A la hora de diseñar estos canales de denuncia, hay compañías que se plantean introducir incentivos. Bacigalupo explica que, si bien no hay ninguna ley que los prohíba, incluir estímulos económicos para fomentar los chivatazos puede, además de ser sospechoso, resultar peligroso para la propia empresa, que "debe salvaguardar el derecho de los empleados a no ser objeto de denuncias falsas".

Otra fórmula es ofrecer un indulto a la hora de tomar medidas disciplinarias al primero que denuncie una práctica fraudulenta en la que está involucrado junto a más profesionales de la compañía. Bacigalupo explica que esto es válido sólo a efectos internos de la compañía, porque si hay delito, cuando un tribunal lo juzgue, si bien podría tener en cuenta su colaboración como atenuante para reducir la pena, no le exime de la condena.

El abogado de DLA Piper explica que cuando se hace una denuncia, la empresa debe investigar su consistencia, pero ha de ser muy estricta con no vulnerar el derecho a la intimidad del empleado. Por ejemplo, sólo se puede revisar el ordenador del trabajo si existe un documento en el que la empresa haya informado previamente a la plantilla de que se reserva la posibilidad de revisar el ordenador. "En caso contrario, las pruebas que se encuentren serán nulas", apunta el experto.

Esta diligencia es clave no sólo para evitar conflictos legales con los empleados, sino también con los organismos anticorrupción. Una circular de la Fiscalía General del Estado dicta que los programas corporativos para luchar contra los fraudes no excluyen de responsabilidad a la empresa, que también tendrá que responder de los delitos de sus empleados.

Enrique Bacigalupo explica que se suele tener en cuenta que la buena actuación de la empresa. La clave para evitar la responsabilidad penal por los actos de un empleado es "demostrar que ha sido diligente a la hora de tomar medidas preventivas", es decir, que ha hecho todo lo posible para evitar que sus trabajadores comentan un delito.

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Los empleados pieza clave para destapar el Fraude Empresarial

Diario Las Provincias :: 22-10-2012

Cada vez más compañías cuentan con fórmulas, internas o externas, para evitar desvíos de fondos y otros engaños

Con el inicio de la crisis estallaron los escándalos financieros. Salpicaron al sector bancario, a los organismos reguladores y a las cúpulas empresariales de algunas de las principales compañías del mundo. Bernard Madoff encabezó la lista, con un fraude financiero de 50.000 millones de dólares, el mayor de la historia, pero le siguieron Jerome Kerviel, de Société Générale; Alexis Stenfors, de Merrill Lynch; Evon Dooley, de MF Global. Son nombres que ya han pasado a la historia de las malas artes empresariales.

Sin embargo, lejos de remitir la tormenta, cada día desayunamos con un nuevo escándalo. Las protestas sociales que incendian las calles en Madrid, Atenas o Nueva York señalan con el dedo la 'inmoralidad' de la clase financiera y las escuelas de negocios inyectan el antídoto de la transparencia en sus programas para ejecutivos. Hablar de ética empresarial está de moda, pero parece que no se practica con la asiduidad que sería deseable.

«Sin duda, la actual situación de crisis económica está haciendo que aumenten los casos de fraude», señala Gertrudis Alarcón, directora general de la consultora antifraude GAT Intelligence. El desvío de fondos de la compañía, con cobros indebidos por supuestos gastos, falsificación de facturas, compras personales con tarjetas de empresa, gastos ficticios en viajes de trabajo, compras inexistentes, robo de bienes de la empresa o cobro de comisiones a proveedores son los fraudes más comunes.

José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos, no cree, sin embargo, que la crisis haya favorecido comportamientos poco éticos. «Más bien, creo que, a la inversa, nos encontramos inmersos en esta crisis porque no se ha actuado, en muchos casos, con todo el rigor ético o profesional que cabría esperar».

Un informe elaborado por la ACFE -una organización mundial de profesionales especializados en la lucha contra el fraude- pone de manifiesto algunas cifras inquietantes; las empresas pierden cada año el 5% de sus ingresos debido a fraudes internos, casi la mitad de las compañías españolas reconoce haberse visto afectada en el último año por incidentes relacionados con los delitos económicos, y entre el 6 y el 8% de los empleados estaría dispuesto a cometer fraude en su empresa si encontrase la oportunidad de hacerlo.

Gertrudis Alarcón advierte de que todas estas prácticas están impactando de forma negativa en la economía. «La propia crisis está haciendo que los empresarios, e incluso los consumidores, no reclamen la factura por servicios prestados o productos adquiridos, rebajen sus expectativas de lo comprado con bienes de menos calidad y se esté produciendo intercambio de servicios unos por otros sin contraprestación».

Trabajadores vigilantes

Según el citado informe de la ACFE, la mayoría de los fraudes empresariales los descubren los propios empleados. «Las personas que conviven diariamente con el empleado que está cometiendo un fraude son las que mejor pueden percatarse de cambios de hábitos, actitudes fuera de lo normal, solicitudes inusuales para realizar ciertas tareas o excesivo interés en ocuparse de algún asunto personalmente sin dejar a otros intervenir», explica Gertrudis Alarcón.

A veces, cometer fraudes dentro de una empresa requiere de la participación de otros empleados, pero la experta advierte de que esta participación, en la mayoría de los casos, es involuntaria; muchas veces no saben que se está cometiendo un fraude. Eso sí, con el tiempo pueden empezar a sospechar de que algo no es correcto y ahí se produce el momento ideal para contar lo que ocurre. «La connivencia entre varios empleados para cometer fraudes en una empresa no es algo común, pero también se da», dice Alarcón. En general, los trabajadores suelen emplear cartas por correo postal, 'e-mails', entrevistas personales o canales 'on-line' para informar a la alta dirección de que algo pasa.

La solución, dice la directora de GAT Intelligence, pasa por «medidas disuasorias, intensificar la lucha contra el fraude, campañas de concienciación y un sistema de impuestos menos gravoso que no compense hacer ningún tipo de fraude», explica Gertrudis Alarcón.

Precisamente, su compañía ha lanzado en España el servicio de línea ética empresarial, un mecanismo de denuncia e identificación de comportamientos inapropiados. Se trata de un mecanismo seguro de denuncias de carácter confidencial, integrado en una plataforma 'on-line'. El servicio consta de un sitio web donde los empleados y terceros relacionados podrán denunciar por escrito las irregularidades. Esta página tiene certificado de servidor seguro y la conexión se realiza con un protocolo que permite el cifrado de los datos entre el navegador y el servidor. Desde la compañía aseguran que este mecanismo de denuncia reduce en un 50% las pérdidas medias por fraude.

José Manuel Muries, presidente del Instituto de Auditores Internos, opina, por su parte, que la figura del auditor interno se ha convertido en «imprescindible» en estos tiempos. «Somos una mezcla entre periodistas y médicos: hacemos preguntas para conocer el funcionamiento de la organización -hechos observados- para la que trabajamos y en su caso, recomendamos un tratamiento (recomendaciones)». Se trata de una figura cuyo cometido es supervisar que la organización para la que trabaja gestiona adecuadamente los riesgos y, por ello, puede ser esencial en la estrategia ética de la compañía.

Eso sí, Muries hace un llamamiento a los auditores internos a defender los valores de la profesión -la ética, la objetividad y el rigor profesional- y recuerda que «deben ser, ante todo, independientes». Precisamente, la vicepresidenta independiente de Bolsas y Mercados Españoles, Margarita Prat, fue muy clara con este tema en unas jornadas organizadas recientemente por el Instituto de Auditores Independientes. «El que no se sienta respaldado por su empresa no debe continuar en su puesto»,

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