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¿Funcionan o no funcionan los canales de denuncia en España?

Publicado por Diario Responsable el día 18/04/2016

Spain is different… again.


Las causas abiertas por corrupción se han triplicado en la última década. Todo el mundo clama por mejorar las leyes e incrementar los mecanismos de control para frenar este caudal de corrupción incesante, cansino ya, dentro y fuera: en el ámbito privado, empresarial, y en el público, político e institucional. Pero cuando tenemos las herramientas adecuadas a nuestra disposición, las menospreciamos e invalidamos argumentando que no sirven, que no son eficaces o que funcionan mal… porque en España somos diferentes. No somos anglosajones, en nuestra cultura “chivarse” no entra en el código mafioso que nos vertebra como sociedad.Los canales de denuncias reducen las pérdidas medias de las empresas causadas por fraude y corrupción a la mitad, pero en España seguimos diciendo que “estos sistemas no funcionan, yo tengo un canal en mi empresa y recibo una denuncia al año” (frase literal del CEO de una compañía con más de 10.000 empleados).

 ¿Funcionan o no? Salgamos de una vez por todas de la duda. Veamos:

 El fraude es omnipresente y no discrimina por lo que, desgraciadamente, no hay empresa que se libre. Según ACFE, la asociación antifraude más prestigiosa del mundo, tal y como recogen sus diferentes estudios Report to the Nations, “más del 40% de los casos de fraude empresarial se detectan gracias a las denuncias de los propios empleados”. De hecho, los canales de denuncias son el método más rápido y eficaz de detección del fraude, muy por delante de otras herramientas de prevención como las auditorías.

Controlar el fraude no sólo es algo ya obligado por ley, sino que su externalización debería convertirse en prioritaria en la gestión responsable de cualquier organización. Los propios fiscales españoles establecen en su reciente circular que el canal de denuncias es una herramienta obligatoria en el plan de compliance de cualquier empresa.

Los planes de compliance son una apuesta decidida por una fórmula de “autorregulación regulada” en la lucha contra la delincuencia. La responsabilidad penal de las empresas, como personas jurídicas, afecta no sólo a los delitos que se cometan en el seno de su organización, sino también a los que puedan cometer terceros como proveedores, subcontratas o autónomos que presten sus servicios a la compañía.

Por lo tanto, no es sólo que sea necesario contar con un sistema de reporte de irregularidades que proteja a quien denuncia, sino que cumpla su función de evitar la comisión de delitos, entre los que se encuentran:

- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático 

- Estafas propias e impropias 

- Insolvencias punibles: alzamientos y concursos punibles.

- Daños informáticos y hacking

- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

- Delitos contra el mercado y los consumidores.

 

Un padre que no quiere que su hijo vea la televisión le dice al hijo: “la televisión no funciona”.  Al padre no le importa si la televisión realmente está funcionando o no, él sólo quiere que su hijo no la utilice. Así que me da por pensar que quizá el empresario que afirma que el canal de denuncias de su compañía no funciona quizá lo que precisamente desee es que no sea utilizado por nadie. Ojos que no ven, corazón que no siente. Muy español.

Todos estamos ya hartos de los que abusan, de los que se llevan algo que no les pertenece y que hace daño a todos, no sólo a la empresa. La corrupción y el fraude en las compañías, aparte de las pérdidas económicas que ocasiona, daña la moral de los empleados que hacen las cosas correctamente, daña la fidelidad de aquellos que creen en su empresa y están comprometidos con hacer las cosas bien. 

Tenemos la percepción de que en España no se denuncia en las empresas. Eso es porque en nuestro país más del 95% de las empresas aún no tienen /ni han tenido nunca un mecanismo de control por medio del cual se pudieran “elevar las denuncias” sin temor a ser represaliado. Y dentro de ese 5% que sí cuenta con una línea ética, la mitad tiene unos mecanismos mal implantados, lo cual significa que están pensados para “disuadir” de su uso y no para fomentarlo en bien de todos.

 Si un día va a la oficina y “el metro no funciona”, usted se preguntará: no funciona ahora, pero ¿va a funcionar más tarde?, ¿cuándo? Y, sobre todo, ¿por qué no funciona? Todas esas preguntas deberían hacerse aquellos que tienen mecanismos de denuncia en sus empresas y consideran que no son de utilidad.

Los canales de denuncia son efectivos y funcionan cuando se quiere que funcionen.

    • Un mal mecanismo es interpretado como mensaje disuasorio por los empleados.
    • Un mal mecanismo hace que aumente la desconfianza entre los empleados.
    • Un mal mecanismo lleva a situaciones irregulares de gestión de denuncias.
    • Un mal mecanismo hace que el denunciado tome conocimiento antes de tiempo.
    • Un mal mecanismo hace que la empresa no sepa realmente que está ocurriendo internamente.
    • Un mal mecanismo fomenta la sensación de impunidad del empleado malo.
    • Un mal mecanismo puede llevar al banquillo de los acusados a la empresa.

 

Cuándo los canales no funcionan, ¿a qué se debe? 

    • No lo han comunicado adecuadamente a toda la organización
    • No han dado la formación adecuada
    • No hacen recordatorios a los empleados para mostrar el compromiso de la organización.
    • No hay un compromiso real de la empresa.
    • Lo tienen internamente implementado por medio del CRM o residente en la intranet.
    • Las redes internas son seguras contra los extraños a la empresa pero no da “sensación” de seguridad a los empleados.
    • Las personas que reciben las denuncias internamente son varias dentro de un mismo departamento operativo.
    • Las personas que reciben las denuncias son de confianza de la dirección pero no de los empleados.
    • En más de una ocasión el denunciado es informado “informalmente” por terceros de que había una reclamación contra el/ella.
    • Solo se puede acceder a hacer una denuncia a través de la intranet de la empresa.

 

Cuando lo canales funcionan, ¿a qué se debe? 

  1. El proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la empresa está orientado al cumplimiento.
  2. los directivos promueven con su ejemplo una verdadera cultura de cumplimiento.
  3. existe un compromiso inequívoco de la alta dirección de la empresa para evitar la comisión de delitos y un apoyo claro al programa de cumplimiento. 
  4. el comportamiento y la implicación del Consejo de Administración y de los principales ejecutivos traslada una cultura de cumplimiento al resto de la compañía.
  5. no existe hostilidad de los directivos hacia los programas de cumplimiento.
  6. los mensajes de los directivos en esta materia son claros e inequívocos y no denotan ambigüedad ni indiferencia.
  7. no hay ninguna conducta de los directivos que permita a los subordinados interpretar que vale la pena asumir el riesgo del incumplimiento a cambio del mayor beneficio económico que se puede obtener.
  8. los principales responsables de la empresa no incumplen el modelo de prevención y control.
  9. la dirección no recompensa ni incentiva, directa o indirectamente, el incumplimiento del modelo de organización y prevención.
  10. el descubrimiento de los incumplimientos se produce internamente, por la propia empresa, y el infractor es inmediatamente sancionado, sin que se produzcan casos de tolerancia.
  11. la tolerancia cero se aplica en todos los incumplimientos, tanto de los subordinados como de los directivos.

En conclusión, los canales de denuncia o líneas éticas funcionan y las empresas que los tienen se benefician en muchos aspectos que son positivos para su productividad, su reputación y su competitividad en el mercado. 

 

GERTRUDIS ALARCON

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Forética presenta estudio sobre los canales de denuncia en empresas

16.02.2016 | Compliance

El documento analiza el grado de implantación de los canales de denuncia (Speak Up Systems) en las empresas cotizadas españolas, en comparación con otros países europeos, poniendo el foco en Francia y Reino Unido.

El estudio evalúa el impacto que tiene una buena gobernanza en la creación de valor para las compañías.

345El informe ha contado con el apoyo de Bankia, Cuatrecasas y Lilly. Entre las conclusiones más relevantes se destaca que en España la proporción de empresas que disponen de canales de denuncia (Speak Up Systems), como mecanismos de control para la prevención de delitos, están por encima de la media europea.

España ha experimentado un fuerte dinamismo de cara a integrar sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en los últimos años. Un 100% de compañías en la muestra –que representa el 46% del IBEX35- han incorporado este tipo de herramientas. Por otro lado, el informe matiza que los sistemas de las empresas españolas tienen, por lo general, menos madurez que los del resto de Europa. Esta relativamente baja madurez -el 87% de los sistemas tienen menos de 10 años de vida, frente al 57% en Holanda, 60% en Reino Unido y 71% en Francia- tiene como principal ventaja que los sistemas han ido acomodando las últimas tendencias en materia de compliance.

En España, los canales de denuncia tienen menor propensión a la externalización y menor tendencia a permitir el anonimato de las quejas y consultas. Estos factores podrían estar correlacionados tanto con el menor uso del teléfono como con el número final de veces que el sistema es utilizado.

Como próximas revisiones a los sistemas de denuncia que se deberían incluir, el Director de Desarrollo Corporativo de Forética y Director del estudio, Jaime Silos, destaca una mayor apuesta por mecanismos anti-represalias, la admisión de denuncias/consultas anónimas y el empleo de servicios de tercera parte independiente para la gestión de los sistemas Speak Up.

Descargar el informe Speak Up

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La regulación de los Denunciantes en un Canal de Denuncias

Agenda Pública :: 12-09-2015

por Adrian Todolí

 

Un nuevo informe de la OCDE nos coloca a la cola de los países desarrollados (el informe "El Gobierno de un vistazo"). Según dice, somos de los pocos países desarrollados que no cuentan con una regulación legal para proteger a los chivatos –ni en el sector público ni en el privado-. La fuerte carga negativa que tiene la figura de los chivatos en el imaginario colectivo español puede hacer que nos plantemos que ello puede ser algo bueno. ¿Por qué una ley debería proteger a esos "traidores" chivatos? 

Sin embargo, si el 88% de los países desarrollados (incluyendo a Grecia que la adoptó hace poco) cuentan con algún tipo de legislación que protege a los trabajadores que denuncian irregularidades o ilegalidades en el seno de su organización, por alguna razón será.
Países con niveles mucho más saludables de corrupción que España –como Reino Unido, EEUU, Australia, Nueva Zelanda o Francia- saben, desde hace tiempo, lo útil que puede ser proteger a los trabajadores que denuncian la corrupción en sus empresas o en su Gobierno. En general, estos países cuentan con una protección de origen legal para que las personas que tengan conocimiento de una circunstancia que sea ilegal, peligrosa, manifiestamente errónea o amenace cuestiones de interés público, puedan denunciarlo sin sufrir represalias. 

La regulación parte de la premisa de que existe un interés general en que este tipo de situaciones se denuncien y sean de conocimiento público, siendo a la vez los trabajadores los que están en mejor posición para conocer las irregularidades o ilegalidades que se cometen en la empresa. Sin embargo, lo que no se puede pedir es que un asalariado cumpla el deber cívico de denunciar estas situaciones y luego el Estado le abandone a su suerte en su empresa. Es necesario que el "informante" pueda realizar tales comunicaciones mediante un medio seguro y bajo el amparo de una protección legal contra represalias.

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Cómo evitar el fraude y la corrupción: mediante un canal de denuncias externo

Las causas abiertas por corrupción se han triplicado en la última década. Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tramita 340 procedimientos y las nuevas investigaciones, 37, se han duplicado en un año.

Evitar la corrupción política, en el ámbito público, y luchar contra el fraude, en el ámbito privado son las dos caras de una misma moneda. De hecho, la solución a ambos problemas -graves y desgraciadamente bastante extendidos en nuestro tejido social- es la misma: prevenir su aparición. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo?

acfe“Por su rápida y fácil puesta en marcha, el mejor método para gestionar los riesgos relacionados con los comportamientos poco éticos o inadecuados de los integrantes de una organización, ya sea ésta pública o privada, son los canales de denuncia, también llamados líneas éticas”, señala Gertrudis Alarcón, presidenta de ACFE en España (la mayor y más prestigiosa asociación mundial de lucha contra el fraude) y CEO de i2 Ethics


Si bien el fraude no se puede eliminar estructuralmente, sus efectos pueden reducirse al mínimo mediante acciones preventivas. “En este caso cobra especial relevancia aquello de que es mejor prevenir que curar, ya que el fraude o la corrupción pueden prevenirse y, además, sale mucho más barato evitar su ocurrencia que hacer frente a sus consecuencias”, apunta Alarcón.

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Si su jefe nos está robando, escríbanos

Cinco Dias :: 08-02-2015

Facilitar a los empleados medios para denunciar malas conductas es el arma más eficaz para prevenir delitos dentro de la organización


A inicios de año, el Tribunal Supremo declaró a una cadena de supermercados responsable civil subsidiaria del acoso sexual que dos empleadas sufrieron por parte de su jefe en una tienda de Valencia entre los años 2004 y 2008.
Los jueces basaron su decisión en que la empresa no estableció mecanismos de control que sirvieran de contrapeso al poder excesivo que el acusado ejercía en el establecimiento.
El caso, que ha costado al grupo el pago de una indemnización de 75.000 euros a cada una de las agraviadas, ha recordado la importancia que tiene para las compañías la prevención y detección de conductas deshonestas al interior de sus organizaciones.
Y esto no solo comprende los chantajes o maltratos físicos y psicológicos, sino también la administración desleal y el desvío de fondos.
Según la consultora GAT Intelligence, en 2013 las empresas españolas que sufrieron algún tipo de delito económico perdieron una media de 730.000 euros.

En el caso de una pequeña empresa, la pérdida media puede ascender a 135.000 euros, "un coste que muchas simplemente no pueden absorber", indica Gertrudis Alarcón, responsable en Europa de GAT Intelligence y presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en España.

Para evitar este tipo de situaciones, las grandes corporaciones han puesto a disposición de sus empleados canales de denuncia. Seat, por ejemplo, cuenta con un teléfono gratuito y un e-mail (transparencia@seat.es) en el que trabajadores y proveedores pueden denunciar indicios de corrupción u otras posibles irregularidades. Ambos canales son gestionados por el departamento de auditoría interna del grupo.
Vodafone, por su parte, dispone de un canal de denuncia al que llama Speak Up. "Es una forma de dar voz y reportar cualquier mala práctica a través de un proceso claro y sencillo", explica José García Medina, director de seguridad corporativa de la filial del grupo en España. "Nos brinda la oportunidad de actuar asegurando que no toleramos los comportamientos poco éticos o cualquier acto que no esté en línea con nuestro código de conducta", añade.
 

En otros casos, las compañías optan por contratar los servicios de consultoras que les proveen de una aplicación informática para la recepción online de las denuncias. Según Alarcón, quien también es directora general de i2 Ethics, empresa que presta este servicio, la ventaja de esta modalidad es que inspira al informante una mayor seguridad, ya que su correo no estará circulando dentro de la organización, sino que quedará en manos de un tercero independiente que se encargará de transmitir el asunto únicamente a la persona a la que corresponda resolverlo (siempre que esta no sea el denunciado, por supuesto).

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Empleados espía para jefes corruptos

Diario Expansion :: 01-02-2013

Tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las empresas en el caso de empleados que cometen un fraude, las compañías intentan que sean los trabajadores quienes denuncien a sus compañeros y superiores.

expansion

 

 Cuatro de cada diez directivos españoles consideran que hacer un regalo o sacar la chequera para conseguir un contrato para su empresa está justificado, a pesar de que se considere un delito. Aunque la realidad política y empresarial pone de manifiesto el problema de corrupción que atraviesa el país, las estadísticas tampoco ayudan a mejorar la opinión de los inversores internacionales sobre España.

El 34% de los directivos nacionales reconoce que la corrupción está presente en sus empresas, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 22%, según la última encuesta sobre fraude realizada por Ernst & Young. Sin embargo, tras la última reforma del Código Penal, que ya está en vigor, las empresas españolas han acelerado su lucha contra la corrupción interna, ya que ahora un juez puede condenar a una compañía por las prácticas ilícitas de sus empleados, hasta el punto de que puede suponer la disolución de la empresa.

Mientras que las grandes corporaciones europeas se decantan más por auditorías externas para vigilar a su plantilla, las firmas españolas prefieren que sean sus propios empleados quienes hagan de espías para la organización. Casi ocho de cada diez empresas nacionales cuenta con un canal de denuncias, ya sea en su versión más sofisticada, con una línea de teléfono especial, o bien un buzón en el que se depositan las sospechas sobre un compañero.

El problema radica en que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, la legislación española prohíbe las denuncias anónimas, según explica Enrique Bacigalupo, of counsel de DLA Piper en España y ex magistrado del Tribunal Supremo. Según el experto, para garantizar la eficacia de estos canales, es necesario "identificar al denunciante, pero garantizándole la confidencialidad y, sobre todo, la exclusión de represalias". Este punto es fundamental para que aflore la corrupción en cargos directivos, ya que, por su posición jerárquica en la compañía, son los que tienen más probabilidades de cometer el fraude o, incluso, autorizarlos.

A la hora de diseñar estos canales de denuncia, hay compañías que se plantean introducir incentivos. Bacigalupo explica que, si bien no hay ninguna ley que los prohíba, incluir estímulos económicos para fomentar los chivatazos puede, además de ser sospechoso, resultar peligroso para la propia empresa, que "debe salvaguardar el derecho de los empleados a no ser objeto de denuncias falsas".

Otra fórmula es ofrecer un indulto a la hora de tomar medidas disciplinarias al primero que denuncie una práctica fraudulenta en la que está involucrado junto a más profesionales de la compañía. Bacigalupo explica que esto es válido sólo a efectos internos de la compañía, porque si hay delito, cuando un tribunal lo juzgue, si bien podría tener en cuenta su colaboración como atenuante para reducir la pena, no le exime de la condena.

El abogado de DLA Piper explica que cuando se hace una denuncia, la empresa debe investigar su consistencia, pero ha de ser muy estricta con no vulnerar el derecho a la intimidad del empleado. Por ejemplo, sólo se puede revisar el ordenador del trabajo si existe un documento en el que la empresa haya informado previamente a la plantilla de que se reserva la posibilidad de revisar el ordenador. "En caso contrario, las pruebas que se encuentren serán nulas", apunta el experto.

Esta diligencia es clave no sólo para evitar conflictos legales con los empleados, sino también con los organismos anticorrupción. Una circular de la Fiscalía General del Estado dicta que los programas corporativos para luchar contra los fraudes no excluyen de responsabilidad a la empresa, que también tendrá que responder de los delitos de sus empleados.

Enrique Bacigalupo explica que se suele tener en cuenta que la buena actuación de la empresa. La clave para evitar la responsabilidad penal por los actos de un empleado es "demostrar que ha sido diligente a la hora de tomar medidas preventivas", es decir, que ha hecho todo lo posible para evitar que sus trabajadores comentan un delito.

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